Corte Suprema intervendrá en demanda de La Pampa contra el Gobierno nacional por deuda previsional de 90 mil millones de pesos
La procuradora fiscal Laura Mercedes Monti ha dictaminado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe intervenir en la demanda que inició la Provincia de La Pampa contra el Gobierno nacional. La disputa gira en torno a una deuda previsional de 90 mil millones de pesos, calculada a marzo de 2024.
Monti, quien trabaja en el área de Derecho Público no Penal, señaló en su dictamen que la causa debe ser tratada por la Corte Suprema debido a la naturaleza de las partes involucradas: la Provincia de La Pampa y el Estado Nacional, representado por el Poder Ejecutivo y la ANSES.
“La competencia originaria de la Corte corresponde en razón de las personas involucradas,” escribió Monti en su dictamen del 14 de mayo. Esta recomendación se basa en el artículo 117 de la Constitución Nacional, que establece la jurisdicción de la Corte Suprema en estos casos.
Fundamentos de la demanda
La Pampa fundamenta su demanda en el incumplimiento del Pacto Federal de 1999, ratificado por la ley 25.235, y de las leyes 27.260 y 27.701, tras haber agotado la vía administrativa sin respuesta. Además, la provincia cuestiona la constitucionalidad del DNU 280/24, que busca derogar la normativa que regula los pagos previsionales.
El gobernador Sergio Ziliotto ha señalado públicamente que, debido a la falta de pagos por parte del Gobierno nacional, la provincia se ha visto obligada a cubrir con fondos propios las sumas que deberían ser financiadas por la Nación, poniendo en riesgo las cajas previsionales provinciales.
Deudas pendientes
La deuda incluye montos correspondientes a actualizaciones del déficit previsional del periodo 2020, y déficits completos de 2021, 2022, 2023 y los primeros meses de 2024. En total, la deuda calculada al 31 de marzo de 2024 asciende a 5.104.478.586,96 pesos, con actualizaciones y déficits acumulados de los años mencionados.
Contexto histórico
En 1992, varias provincias acordaron transferir sus sistemas previsionales a la Nación. Sin embargo, 13 provincias, incluida La Pampa, decidieron no hacerlo. Para equilibrar la situación, el Gobierno nacional acordó en 1999 financiar el déficit de las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales mediante el Compromiso Federal.
La resolución de este conflicto ahora depende de la intervención de la Corte Suprema, lo que marcará un precedente importante para otras provincias en situaciones similares.